El Consejo de Ministros ha presentado una impugnación ante el Tribunal Constitucional contra un artículo de la reciente Ley 8/2024, que modifica la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid. La polémica gira en torno a la Real Casa de Correos, emblemático edificio que actualmente alberga la presidencia de la Comunidad de Madrid, y su potencial declaración como Lugar de Memoria Democrática.
La controversia radica en las disposiciones autonómicas que ofrecen a la Comunidad de Madrid un control casi absoluto sobre el edificio, obviando cualquier intervención del Estado en su diseñoación como Lugar de Memoria Democrática. Sin embargo, las disposiciones de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, reconocen al Estado la competencia exclusiva para manejar tales designaciones, lo que hace que el Consejo de Ministros considere inconstitucional la normativa madrileña por vaciar de contenido la legislación estatal vigente.
A pesar de la situación, ninguna autonomía impugnó la Ley de Memoria Democrática ni cuestionó la competencia del estado para identificar Lugares de Memoria desde su aprobación en 2022. La medida del gobierno central destaca su voluntad de preservar la integridad del marco jurídico estatal en memoria histórica.
El conflicto se intensifica con los antecedentes del edificio en cuestión. La ya extinta Dirección General de Seguridad, con sede en el mismo inmueble, fue un epicentro de la represión durante la dictadura franquista. En sus oscuros sótanos, miles de personas fueron sometidas a interrogatorios y torturas por motivos políticos, y el inmueble se ha convertido en símbolo de la opresión de ese periodo histórico.
El Gobierno central, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, inició en 2024 el procedimiento para declarar la antigua sede de la Dirección General de Seguridad como Lugar de Memoria Democrática. Sin embargo, el gobierno de la Comunidad de Madrid interpuso un recurso contra esta resolución, cuestionando la competencia del Estado.
A pesar de la existencia de otras placas conmemorativas en la Real Casa de Correos que no afectan su función actual, la comunidad autónoma ha mantenido una postura de rechazo hacia cualquier reconocimiento de su pasado represivo. En este contexto, el Consejo de Ministros busca defender el derecho a la memoria y las garantías de no repetición, aspectos centrales en el reconocimiento de las víctimas y en la formación histórica de la ciudadanía. La población tiene el derecho de conocer los eventos del pasado, y la clara intención del Gobierno es asegurarse de que se preserven y recuerden los oscuros capítulos de la historia reciente de España.
Fuente: Ministerio Políticas Territoriales y Memoria Democrática.
