El Gobierno de España, a través de la Moncloa y el Ministerio de Función Pública, ha reiterado su intención de mantener el contrato actual con las aseguradoras que brindan cobertura de salud a los funcionarios públicos. Este anuncio se produce en un contexto de incertidumbre sobre el futuro del modelo de atención sanitaria para empleados del sector público, donde tanto funcionarios como las propias compañías de seguros permanecían a la espera de una resolución definitiva. Fuentes internas han señalado que la renovación del contrato sigue siendo la prioridad principal, a pesar de las voces críticas que demandan un cambio hacia un sistema de atención sanitaria más sostenible y eficaz para el sector público.
El compromiso del Gobierno con el ‘Plan A’ se ha reafirmado a pesar de las presiones económicas y las consideraciones presupuestarias. Las negociaciones con las compañías aseguradoras continúan, con el objetivo de alcanzar un acuerdo beneficioso para todas las partes involucradas y asegurar la continuidad del servicio sin interrupciones ni perjuicios para los funcionarios. Este enfoque busca calmar la creciente preocupación dentro de los colectivos afectados, quienes temían alteraciones significativas en sus coberturas. Asimismo, el Gobierno parece decidido a evitar un conflicto con el sector asegurador, lo cual podría tener implicaciones políticas y sociales de mayor envergadura.
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