La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, visitó Alicante en medio de un acalorado debate sobre la gestión de viviendas protegidas y el acceso a la vivienda en la comunidad valenciana. En su recorrido, realizó declaraciones que buscan reforzar la importancia de mantener las viviendas de protección oficial (VPO) bajo controles públicos estrictos, frente a los cambios normativos que, según ella, han favorecido procesos de privatización y posibles escenarios de especulación inmobiliaria.
Rodríguez fue clara al solicitar al presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que adopte medidas para recuperar los controles públicos en la adjudicación de VPO y blindar la vivienda pública para evitar que estas unidades sean utilizadas como instrumentos de negocio. La ministra también expresó su preocupación por un reciente escándalo en Alicante, donde asociaciones vecinales denunciaron irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas en el complejo Les Naus, alegando favoritismos hacia altos cargos y familiares, lo que ha generado una fuerte polémica en la ciudad.
Durante su visita, la ministra sostuvo encuentros con diversas asociaciones y movimientos vecinales que han impulsado protestas por la supraubicación de la gestión y la transparencia en las adjudicaciones. En este contexto, afirmó que la vivienda protegida debe servir siempre «al interés general» y aseguró que los mecanismos de control deben reforzarse para garantizar que las viviendas lleguen a quienes más las necesitan, evitando que se conviertan en un medio para la especulación.
Por otra parte, Rodríguez recordó que la normativa aprobada por la Generalitat eliminó garantías existentes y facilitó la «privatización» del sistema de adjudicación, lo que, a su juicio, dificulta que las viviendas públicas beneficien realmente a las familias con mayores dificultades económicas. Para revertir esta situación, la ministra propuso impulsar una auditoría que revisé el proceso en toda la comunidad y detectar posibles irregularidades en otros municipios.
El impacto de estas declaraciones se enmarca en un contexto de creciente inquietud social y política respecto a la gestión del parque público de viviendas, especialmente en zonas con fuerte presión inmobiliaria. La funcionaria hizo un llamado al Gobierno autonómico para que aplique, en zonas de mayor tensión, las herramientas previstas en la ley de Vivienda española, permitiendo la congelación o limitación de precios del alquiler y así aliviar la carga que afrontan muchas familias en la región.
A su vez, subrayó la importancia de que las viviendas públicas sean gestionadas con “máxima responsabilidad”, y que su distribución obedezca a criterios sociales y no a intereses especulativos. En este sentido, sugirió que la Generalitat declare zonas tensionadas, especialmente en localidades como Alicante, donde el crecimiento turístico y la inversión extranjera han provocado un aumento en los precios del alquiler, dificultando el acceso a la vivienda para muchos residentes.
En la reunión con las asociaciones, Rodríguez expresó su apoyo a las demandas vecinales y reconoció la labor de los medios de comunicación en destapar las irregularidades, resaltando que la transparencia y el control social son esenciales para fortalecer la confianza en el sistema público de viviendas. La ministra también llamó a la acción política para garantizar que la gestión de la vivienda protegida vuelva a centrarse en quienes realmente necesitan ayuda, mediante una normativa que refuerce los controles y evite cualquier posible intento de aprovechamiento indebido.
El debate abierto en Alicante refleja una problemática que atraviesa también a otras regiones, en un momento en que el mercado inmobiliario se encuentra en una fase de tensión, impulsado por el turismo, la inversión extranjera y las políticas de liberalización. La necesidad de aplicar medidas efectivas para proteger el patrimonio social y garantizar el acceso a la vivienda sigue siendo un tema prioritario en la agenda de la política y los movimientos sociales.
