El Consejo de Ministros ha decidido elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.184 euros mensuales distribuidos en 14 pagas a partir de 2025. Este incremento de 50 euros al mes, que suma 700 euros anuales adicionales, afectará directamente a 2,4 millones de trabajadores, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Sin embargo, la medida viene acompañada de una novedad controvertida: este aumento estará sujeto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), dado que el Ministerio de Hacienda ha optado por no modificar el umbral exento de este tributo.
Los beneficiarios del incremento del SMI son predominantemente mujeres, que representan el 65,8% del total, y jóvenes de entre 16 y 24 años, que conforman el 26,8%. La distribución sectorial de estos trabajadores incluye un 31% en la agricultura, 14,3% en servicios, 5,9% en la industria y 3,4% en la construcción. El Gobierno sostiene que este ajuste ayudará a reducir la desigualdad económica y fortalecerá el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos. Desde 2018, el SMI ha experimentado un aumento del 61%, frente a una inflación acumulada del 23%, resultando en una ganancia real del poder adquisitivo del 38%.
Sin embargo, la tributación del SMI ha desatado debates. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado públicamente la decisión de Hacienda, subrayando que afecta negativamente a quienes perciben las rentas más bajas. El partido Sumar, parte de la coalición de Gobierno, planea introducir una enmienda legislativa para modificar esta normativa fiscal, contando con el apoyo del Partido Popular. En contraste, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la necesidad de la recaudación fiscal como un medio para sustentar el Estado del bienestar.
En busca de soluciones para modernizar el SMI, el Gobierno y los sindicatos han acordado crear una Mesa de Diálogo Social. En un plazo máximo de dos meses, se discutirá la transposición de la Directiva Europea sobre Salarios Mínimos Adecuados, con temas que incluyen la modernización del SMI, la compensación de complementos salariales, y una posible reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, lo cual también afectaría el cálculo del salario mínimo por hora.
Desde el Ministerio de Trabajo se argumenta que el aumento del SMI es una estrategia eficaz para reducir la pobreza y la desigualdad. Según Yolanda Díaz, el crecimiento económico debe reflejarse en mejoras salariales significativas, afirmando que esta política ha reducido la desigualdad en un 18% en España. No obstante, las patronales CEOE y Cepyme han manifestado su oposición por considerar que tal medida podría poner en riesgo la sostenibilidad de las pequeñas empresas y afectar la creación de empleo.
En conclusión, el aumento del SMI a 1.184 euros mensuales representa un avance en la mejora de las condiciones laborales en España, pero el hecho de que esté sujeto al IRPF ha generado un intenso debate político y social. El Gobierno enfrenta ahora el reto de encontrar un equilibrio que garantice salarios justos y un sistema fiscal que no perjudique a los trabajadores de menores ingresos.
