El Ministerio de Economía ha impulsado una reforma significativa en la fórmula usada por los reguladores para determinar las retribuciones de las inversiones realizadas por las empresas eléctricas. La nueva normativa estipula un incremento en la compensación económica que recibirán estas empresas, pero solo si sus proyectos se alinean con las políticas y prioridades estratégicas establecidas por Moncloa. Este cambio refleja la intención del Gobierno de integrar a las grandes firmas energéticas dentro de una estrategia económica más amplia, enfocada en la sostenibilidad y la transición energética.
Las eléctricas, ahora condicionadas a seguir las directrices gubernamentales para maximizar sus beneficios, tendrán que adaptar sus inversiones para obtener una remuneración que cubra sus expectativas. Este movimiento busca fomentar inversiones en energías renovables y tecnologías limpias, en concordancia con los objetivos de reducción de emisiones y transición ecológica del Ejecutivo. Aunque el cambio ha generado cierta controversia, el Gobierno defiende que esta medida es necesaria para asegurar un desarrollo alineado con el interés nacional y las metas medioambientales.
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