El Consejo de Ministros de España ha aprobado solicitar al Tribunal Constitucional la impugnación de una ley murciana que elimina las ayudas económicas a patronales y sindicatos, una medida implementada con apoyo del PP y Vox. La ley, aprobada en julio, es vista por el Gobierno central como una violación de las competencias estatales en legislación laboral. Además, argumenta que la normativa podría permitir al Ejecutivo regional subvencionar exclusivamente a empresarios. La solicitud incluye la suspensión de la ley, respaldada por opiniones del Consejo de Estado, que destaca la eliminación de la financiación para los agentes sociales como un impedimento para el ejercicio del derecho de sindicación y una ruptura del principio de paridad.
La polémica toma relevancia con antecedentes en Castilla y León, donde el Gobierno regional, también del PP y Vox, intentó retirar fondos del Servicio Regional de Relaciones Laborales en 2023. Tras intervenciones ministeriales, la financiación fue parcialmente restablecida. Este contexto previo pone en relieve el conflicto institucional y de competencias entre las administraciones central y regional, con el Ejecutivo central argumentando que la ley murciana es incluso más preocupante que las iniciativas previas en Castilla y León, ya que afecta directamente a derechos fundamentales y al marco legislativo laboral del Estado.
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