El sector inmobiliario en España sigue enfrentándose a nuevas investigaciones y sanciones por prácticas consideradas abusivas y contrarias a la legislación vigente. En esta ocasión, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una multa millonaria a la inmobiliaria Alquiler Seguro, que suma un total de 3.600.902 euros. La sanción se basa en una serie de irregularidades detectadas en las operaciones comerciales de la empresa, muchas de ellas relacionadas con cobros no justificados a los inquilinos y prácticas que incumplen la normativa legal.
Entre las conductas investigadas por la Secretaría General de Consumo y Juego se encuentra la obligada percepción por parte de los inquilinos de un «servicio de atención», cuyo cobro conlleva la ocultación del traspaso de costes que, según la normativa, debería asumir el propietario tras la prohibición de otros honorarios de agencia. Además, se ha comprobado que la inmobiliaria forzaba la suscripción a un seguro del hogar, un gasto que, según la legislación, corresponde al arrendador y no al arrendatario.
El procedimiento también evidenció que Alquiler Seguro imponía un estudio de solvencia económica como requisito imprescindible para acceder a un alquiler, además de limitar indebidamente el derecho de desistimiento del inquilino, restringiendo su capacidad para terminar el contrato con antelación. La empresa, además, trasladaba a los inquilinos los gastos derivados de reclamaciones y procedimientos judiciales o extrajudiciales, gastos que la normativa de defensa del consumidor no exige que soporten los arrendatarios.
La resolución del expediente sancionador dictamina la existencia de siete conductas infractoras, de las cuales seis son calificadas como muy graves y una como grave. Las multas impuestas oscilan desde los 10.001 euros a varias sanciones de medio millón de euros, sumando en total la cuantía mencionada anteriormente. Estas sanciones están respaldadas por el marco legal establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2007, que regula la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y sus leyes complementarias.
El caso se remonta a marzo de este mismo año, cuando el Ministerio de Consumo anunció la apertura de un expediente sancionador contra lo que en ese momento se rumoraba como una “gran agencia inmobiliaria”, sin identificar inicialmente a la firma en cuestión. Posteriormente, la propia organización facua reveló que se trataba de Alquiler Seguro, una sociedad que había sido denunciada en noviembre de 2023 por cobros excesivos a los inquilinos, práctica que está expresamente prohibida desde la nueva normativa de vivienda aprobada en España.
La denuncia de Facua se centraba en la exigencia de honorarios a los arrendatarios, una práctica ilegal que cobraba a los inquilinos una cantidad equivalente a un mes de alquiler incrementado con el 21% de IVA, bajo el argumento de ofrecer un “servicio de atención al inquilino”. Entre los servicios facturados figuraban gestiones relacionadas con cambios en las suministraciones energéticas, asesoramiento jurídico y resolución de incidencias, tareas que en realidad corresponden al propietario según la legislación vigente.
La compañía ha manifestado su desacuerdo con la sanción, argumentando que sus servicios son transparentes y legales, y que existe respaldo judicial en varias sentencias favorables que rechazan las reclamaciones de devoluciones por servicios de atención al inquilino. Sin embargo, la autoridad competente ha desestimado las alegaciones y mantiene la multa, a la espera de que la empresa pueda presentar un recurso de alzada ante el Ministerio.
Este caso refleja la necesidad de un mayor control y regulación en el sector inmobiliario, ante prácticas que vulneran los derechos de los consumidores y pueden generar desconfianza en un mercado que, hasta ahora, se mostraba en parte autorregulado. La sanción representa un esfuerzo significativo por reforzar la protección de los inquilinos y garantizar la transparencia en las operaciones inmobiliarias en España.
