El Gobierno español se encuentra en la fase final de la regulación del marco normativo que gestionará la última fase de los fondos europeos de recuperación, con el objetivo de detallar los procedimientos de devolución de los recursos no utilizados o mal justificados. Liderado por el Ministerio de Hacienda, el borrador de la norma explica las causas y procesos para el reintegro de las ayudas, enfatizando que los fondos deben emplearse exclusivamente para financiar actas elegibles según su regulación. En caso de incumplimiento de los objetivos, tanto las administraciones públicas como las entidades privadas deberán devolver los recursos al Tesoro Público. Este movimiento, que marca la clausura del despliegue del plan europeo previsto hasta 2026, apunta a verificar y asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en medio de una ejecución que enfrenta diversos desafíos.
El borrador del nuevo proyecto de orden especifica que el reintegro puede ser total o parcial dependiendo del cumplimiento de los objetivos y de la correcta justificación del gasto. Las entidades deberán proporcionar documentación y certificaciones para validar que los fondos se destinaron a los objetivos definidos. El proyecto también contempla un procedimiento administrativo para gestionar estas devoluciones, donde las cantidades deberán ser ingresadas como ingresos de derecho público en el Tesoro. La intención es mantener un control riguroso sobre el uso de estos fondos, asegurando así que se cumpla con los compromisos asumidos con Bruselas, en un contexto donde España avanza con niveles de ejecución y resolución que varían según la fuente.
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