El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley que busca regular el uso de la inteligencia artificial (IA) en España, alineándose con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de 2023. Este marco legal pretende establecer un uso ético, inclusivo y beneficioso de esta tecnología, abordando preocupaciones que van desde la protección de derechos digitales hasta la manipulación mediante deepfakes. El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, subrayó la doble cara de la IA, que puede tanto mejorar la calidad de vida como representar un riesgo para la democracia al difundir desinformación. La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), creada en 2023, será el organismo encargado de aplicar estas normativas, aunque aún quedan por definir aspectos técnicos como el etiquetado obligatorio para los contenidos generados por IA.
El anteproyecto propone un sistema de clasificación basado en el riesgo asociado a las diferentes aplicaciones de IA, inspirándose en el marco europeo que distingue entre usos sin restricciones, sujetos a restricciones, o totalmente prohibidos. Esta regulación también contempla sanciones severas para quienes incumplan sus preceptos, que pueden alcanzar hasta 35 millones de euros o representar un porcentaje significativo de la facturación global. Entre las aplicaciones de IA catalogadas como de «alto riesgo» se incluyen sistemas de reconocimiento biométrico, evaluación educativa y aquellos que interfieran en procesos democráticos. La ley busca adaptarse continuamente a nuevas innovaciones tecnológicas como la IA generativa, requiriendo transparencia sobre el origen de los contenidos y el respeto de derechos de autor, áreas pendientes de mayor definición en el ámbito regulador.
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