El Gobierno español ha aprobado un real decreto que obliga a empresas y profesionales al uso de facturas electrónicas en sus transacciones, en un esfuerzo por reducir la morosidad y agilizar los cobros y pagos en el ámbito empresarial. La medida, considerada un paso significativo hacia la modernización del tejido empresarial, busca especialmente beneficiar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que a menudo enfrentan largos periodos de espera para recibir pagos, un problema que en España supera los 80 días en promedio, según el Ministerio de Economía. Este nuevo sistema permitirá registrar electrónicamente la emisión, aceptación y pago de cada factura, garantizando así un control más exhaustivo y facilitando la supervisión por parte de la Administración sobre los plazos de pago.
El real decreto establece dos vías para el intercambio de facturas electrónicas: a través de plataformas privadas, que deberán estar interconectadas, y mediante una solución pública gratuita diseñada por la Agencia Tributaria (AEAT). Esto permite a las empresas un manejo más eficiente de los datos contables al integrarlos automáticamente en sus sistemas, eliminando la carga de trabajo manual con formatos antiguos como los PDF o el papel. La implementación será escalonada, iniciándose con las empresas que facturan más de ocho millones de euros, quienes tendrán un año para adaptarse, mientras que el resto de las compañías dispondrán de un plazo de dos años. En paralelo, el Ministerio de Hacienda trabaja en el proyecto Verifactu, dirigido a combatir el fraude fiscal y que exigirá nuevas condiciones para los softwares de facturación, aunque su aplicación plena se pospondrá hasta 2027 para dar tiempo a las entidades afectadas a adaptarse.
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