Los precios en el mercado inmobiliario han alcanzado cifras alarmantes, afectando tanto a viviendas de obra nueva como a las de segunda mano. Con el precio del metro cuadrado de obra nueva alcanzando un máximo histórico de 2.265 euros y el de segunda mano situándose en 2.039 euros, adquirir una vivienda se ha convertido en un reto considerable para gran parte de la población. En este contexto, buscar opciones para reducir costos es esencial, especialmente en lo que respecta a los impuestos. El IVA, que habitualmente se aplica al 21%, puede reducirse al 10% en casos específicos, lo que representa un ahorro significativo para los compradores. Sin embargo, la aplicación de este IVA reducido ha enfrentado obstáculos debido a las diferencias en requisitos administrativos entre comunidades autónomas.
El Tribunal Supremo ha simplificado el proceso para aplicar el IVA reducido mediante la sentencia STS 299/2025, flexibilizando los requisitos necesarios para demostrar que una vivienda de obra nueva está apta para su uso. Ya no es indispensable contar con documentos administrativos como la cédula de habitabilidad o la licencia de primera ocupación; ahora se permite utilizar otros medios de prueba como informes periciales. Aunque este cambio legal supone una mejora para el acceso a la vivienda al reducir la burocracia, aún persisten desafíos sin resolver, especialmente en lo que respecta a las reparaciones cubiertas por aseguradoras y en las viviendas de protección oficial. Pese a ello, la reciente sentencia del Tribunal Supremo marca un avance hacia un proceso más accesible para los futuros propietarios de viviendas de obra nueva.
Leer noticia completa en 20minutos.
