Madrid, 28 de noviembre de 2024.- En un movimiento destinado a proteger a los consumidores en situaciones de emergencia, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un nuevo Real Decreto-ley que introduce modificaciones en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. La regulación, impulsada por Pablo Bustinduy, al frente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y en colaboración con el Ministerio de Economía, busca prohibir a las empresas que personalizan precios de manera automatizada incrementar estos valores durante circunstancias calificadas como emergencias de protección civil.
Este cambio es particularmente relevante en servicios donde el precio es automaticamente ajustado, como en los viajes de vehículos VTC o en el alquiler de alojamientos online. Según el texto del nuevo decreto, los precios finales no podrán aumentar en «contextos de urgencia, riesgo o necesidad del consumidor», aplicable a situaciones como la reciente catástrofe provocada por la DANA.
De manera complementaria, el Real Decreto-ley también incluye medidas para controlar los precios de venta de vehículos motorizados dentro del Plan Reinicia Auto+. Este plan, también liderado por Bustinduy, ofrece apoyo económico a quienes perdieron su vehículo debido a la DANA, asegurando que los concesionarios no cobren precios superiores a los vigentes el 28 de octubre, día en que ocurrieron las inundaciones. Los distribuidores deberán firmar una declaración y llenar un formulario online comprometiéndose a mantener los precios originales, asegurando que las ayudas gubernamentales no se vean mitigadas por un incremento en los precios de los vehículos.
Simultáneamente, el Real Decreto-ley prohíbe que los servicios funerarios eleven sus tarifas por encima de los valores previos al desastre natural, tal y como se estableció en la normativa del pasado 11 de noviembre. «Un contexto trágico como este no debe ser una ventana para el lucro», subrayó Bustinduy en una declaración, acentuando el compromiso del gobierno con la integridad económica en momentos de crisis.
Adicionalmente, en el ámbito de los Derechos Sociales, la nueva normativa incluye una asignación excepcional de 3 millones de euros para el Real Patronato sobre Discapacidad. Estos fondos se destinarán a reparar infraestructuras accesibles dañadas y a reemplazar equipos indispensables, como sillas de ruedas o audífonos, afectados por la DANA. Asimismo, el decreto determina que las ayudas por daños causados por la tormenta no se contabilizarán para evaluar el derecho a ciertas prestaciones, asegurando que aquellos damnificados no vean afectadas sus ayudas económicas actuales.
En conjunto, estas medidas no solo refuerzan la protección al consumidor en momentos críticos, sino que también garantizan que las ayudas del estado se traduzcan en un apoyo efectivo y no sean objeto de beneficio por parte de operadores comerciales.
Fuente: Ministerio de Consumo
