El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que establecerá un nuevo marco para la ley de Enjuiciamiento Criminal, delegando en la Fiscalía la responsabilidad de las investigaciones judiciales en España. Esta reforma contempla, entre otras medidas, la extensión del mandato del fiscal general del Estado a cinco años, desvinculándolo de la política y la duración de las legislaturas gubernamentales. Según el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el objetivo principal es fortalecer la autonomía del Ministerio Fiscal y acercar a España a los estándares europeos en materia de justicia.
La propuesta, que se integrará como disposición adicional en la inminente reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, también incluye cambios significativos en la jerarquía y funciones dentro del Ministerio Fiscal. El nombramiento y ascenso de los fiscales quedará en manos del fiscal general y no del Gobierno, y la Junta de Fiscales de Sala adquirirá un rol más relevante, pudiendo imponerse sobre las decisiones del fiscal general con el apoyo suficiente de sus miembros. Además, los fiscales asumirán la dirección de la Policía Judicial, lo que significa que serán ellos quienes decidan sobre las diligencias en las causas. A pesar de estos cambios, se ha confirmado que la reforma no afectará a la continuidad del actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, quien completará su mandato antes de la entrada en vigor de la nueva legislación en 2028.
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