El Gobierno ha decidido extender por un año más una de las medidas centrales implementadas durante la pandemia de COVID-19 para mitigar los efectos económicos en las empresas españolas. La prolongación, que ahora alcanza hasta 2026, implica la prórroga de la suspensión de la “causa de disolución por pérdidas”, una disposición que permitía evitar el cierre automático de sociedades que, debido a las pérdidas acumuladas, deberían haber sido disueltas según la normativa vigente.
Esta decisión fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este martes y afecta directamente al artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital. En esencia, la medida evita que las pérdidas atribuibles a los ejercicios 2020 y 2021 —años marcados por confinamientos, restricciones y una drástica caída en la actividad económica— sean consideradas al evaluar la salud financiera de las empresas en 2026. Ello quiere decir que muchas sociedades podrán seguir operando pese a que, en circunstancias normales, habrían tenido que disolverse o proceder a una liquidación, por haber reducido su patrimonio neto por debajo del umbral legal establecido.
El mecanismo en cuestión contempla que, mientras dure la prórroga, las pérdidas acumuladas derivadas del impacto de la pandemia se “congelan” a efectos legales. Esto proporciona a las empresas un margen adicional para recuperarse sin verse obligadas a cerrar por imposiciones legales, un respaldo que resulta especialmente relevante para las pymes, autónomos y sectores que durante la crisis sanitaria atravesaron momentos difíciles, como el turismo, la hostelería, el comercio y el ocio.
El Ejecutivo aclaró que la medida es transitoria y responde a una situación extraordinaria. No pretende sostener empresas inviables sino ofrecer un período de gracia para que aquellas que aún tienen capacidad de recuperación puedan hacerlo sin la presión inmediata de una disolución por pérdidas excesivas. La lógica subyacente es que, tras años de adversidades, muchas empresas todavía están en proceso de absorber los efectos económicos de la pandemia, y un tiempo adicional facilitaría su saneamiento y estabilidad a largo plazo.
Desde las fuentes oficiales se insiste en que esta extensión busca permitir que las pérdidas vinculadas a circunstancias sobrevenidas y excepcionales como la COVID-19 puedan ser absorbidas en un plazo razonable. De esta manera, el Gobierno busca proteger el tejido empresarial y el empleo, especialmente en sectores más afectados, sin perder de vista el objetivo de evitar recetas fáciles que puedan alentar la continuidad de negocios inviables.
El respaldo legal a las pequeñas y medianas empresas, así como a autónomos que aún enfrentan dificultades, se refuerza en un contexto donde, pese a la recuperación económica en algunos ámbitos, otros factores como la inflación, el encarecimiento de la energía o el aumento de las tasas de interés continúan generando incertidumbre. La medida busca, en definitiva, proporcionar un espacio de maniobra para que estas empresas puedan seguir adelante, ampliar su capacidad de recuperación y evitar decisiones drásticas basadas solo en obstáculos contables derivados de crisis pasadas.
En resumen, la ampliación de esta suspensión temporal en la causa de disolución representa una estrategia del Gobierno para aliviar la carga jurídica y financiera de las empresas afectadas por los efectos económicos de la pandemia, en un momento en que la economía española encara aún desafíos que requieren de medidas excepcionales y de largo plazo.
