El Gobierno español ha decidido tomar una medida sin precedentes desde la regularización post-11M, al anunciar la regularización de miles de inmigrantes afectados por el devastador fenómeno meteorológico conocido como dana, que en octubre dejó un trágico saldo de 218 muertos y afectó severamente a casi 80 municipios, principalmente en la Comunidad Valenciana. Se espera que, tras la aprobación en el próximo Consejo de Ministros, al menos 25,000 personas se beneficien de esta iniciativa, mediante la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo por un año para los afectados y sus familiares más directos. Esta medida se enmarca dentro de un conjunto de políticas migratorias ampliadas diseñadas para facilitar la prórroga de permisos, abarcando potencialmente a 98,000 extranjeros no comunitarios empadronados en la región.
Esta acción, que ha contado con el respaldo de la Abogacía del Estado y la presión de sindicatos, responde tanto a las necesidades inmediatas generadas por el desastre natural como a demandas prolongadas de empresarios y colectivos sociales. Las prórrogas automáticas beneficiarán a estudiantes, trabajadores y titulares de autorizaciones de larga duración, evitando que caigan en la irregularidad por barreras burocráticas intensificadas tras el temporal. Casos individuales, como el de Fabián Leal y Nilka Baena, reflejan la importancia de estas medidas, que resultarán en un nuevo capítulo de transición hacia una mayor integración y estabilidad social para miles de personas que quedaron en el limbo tras la dana. Esta es además una de varias iniciativas en desarrollo que buscan ajustar y flexibilizar la normativa migratoria, enfrentándose a debates políticos en curso sobre regularizaciones más amplias.
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