El Gobierno de España ha comenzado una nueva ronda de contactos con grupos parlamentarios para conseguir los apoyos necesarios para aprobar la senda de estabilidad y deuda y empezar a desbloquear el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025. Esta acción se produce en un contexto de presión temporal, ya que la Comisión Europea ha proporcionado a España un tiempo adicional para enviar el borrador presupuestario con las medidas específicas a implementarse el próximo año, fundamentales para completar el Plan Fiscal y Estructural del país. Pese a los esfuerzos, la falta de apoyos en el Parlamento ha impedido hasta ahora la presentación de los presupuestos, lo cual podría obligar al Ejecutivo a enviar a Bruselas una propuesta de borrador sin haberla discutido en el Congreso, generando dudas entre las autoridades fiscales sobre la viabilidad de un plan a mediano plazo que no ha sido debatido ni acordado políticamente.
Entre las principales propuestas del Gobierno de Pedro Sánchez figura un ajuste fiscal gradual a lo largo de siete años, de 2025 a 2031, con el objetivo de reequilibrar las finanzas mediante un esfuerzo de consolidación de alrededor de 42.000 millones de euros, equivalente a cuatro décimas del PIB. Parte de estos recursos provendrían de incrementos impositivos a implementarse a partir del próximo año. El Ejecutivo busca así cumplir con las exigencias de la reforma fiscal de la Comisión Europea, necesaria para acceder al quinto pago de los fondos europeos Next Generation. Sin embargo, ya ha surgido una disparidad de criterios entre España y Bruselas respecto a los límites del incremento anual del gasto neto primario, lo que subraya la necesidad de un acuerdo consensuado que respalde la trayectoria fiscal planteada. La Autoridad Fiscal publicará a finales de octubre un informe clave sobre los proyectos presupuestarios, el cual podría influir significativamente en el desarrollo de estas negociaciones.
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