El Gobierno español ha manifestado su desacuerdo con la condena impuesta al fiscal general Álvaro García, quien ha sido sentenciado a dos años de inhabilitación por el Tribunal Supremo por revelación de secretos. Aunque el Ejecutivo ha subrayado su respeto por el fallo judicial, ha expresado su descontento de manera no oficial y ya planea el nombramiento de un nuevo fiscal general. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, compareció sin aceptar preguntas, instando a la calma pública y destacando la importancia de mantener la confianza en las instituciones judiciales. Mientras tanto, el Gobierno sopesa recurrir al Tribunal Constitucional y defiende que, desde su perspectiva, no existen pruebas suficientes para justificar la condena del fiscal.
Paralelamente, la coalición de Gobierno y partidos aliados han criticado duramente la sentencia, viéndola como un golpe judicial contra el Ejecutivo. Sumar, uno de los socios de coalición, ha condenado la decisión del Supremo, acusando a sectores del poder judicial de utilizar el veredicto como una herramienta política contra el Gobierno. También han señalado el peligro de criminalizar tanto a la Fiscalía como al periodismo libre. En el ámbito político, las reacciones se han dividido; mientras que formaciones como Vox consideran la sentencia una prueba de la corrupción del Gobierno, otros sectores de izquierda denuncian la falta de pruebas y acusan a la judicatura de parcialidad. En el Congreso, voces disidentes, como la del portavoz del PNV, muestran perplejidad y llaman a un análisis prudente de la sentencia.
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