El Gobierno ha justificado sus acciones judiciales en el «caso Begoña» como una defensa de los intereses del Estado, en medio de una creciente ofensiva verbal contra el juez Juan Carlos Peinado, quien investiga a la esposa del presidente del Gobierno por varios delitos. En respuesta a una pregunta de Vox, el Ejecutivo ha comunicado al Congreso que estos ataques son necesarios para proteger las instituciones del país. El actual ministro de Transición Digital y Función Pública, Óscar López, ha vinculado el caso con una «construcción política» por parte de los líderes del PP y Vox, en un intento de politizar la investigación judicial que, según el Gobierno, necesita acciones de respuesta dentro del marco legal.
Mientras tanto, las querellas interpuestas por Begoña Gómez y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el juez Peinado fueron desestimadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Las imputaciones contra Gómez incluyen delitos de tráfico de influencias y corrupción, relacionados con cartas de recomendación y el registro de una marca comercial. La defensa de Gómez argumenta que su intención era beneficiar a la Universidad Complutense, mientras que los magistrados consideran que las querellas no tenían fundamento sólido. Este caso se sitúa en un contexto de debate sobre el equilibrio de poderes en España, con la Abogacía del Estado argumentando que el poder judicial no debe interferir innecesariamente en los demás poderes del Estado.
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