El caso que involucra al exministro de Transportes, José Luis Ábalos; a su exasesor, Koldo García; y a Santos Cerdán, ha generado una fuerte reacción del Gobierno. El magistrado Leopoldo Puente, al dejar por escrito su «estupor» por la continuidad de Ábalos como diputado, ha desatado críticas sobre la separación de poderes. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, subrayó la importancia de que cada poder intervenga en su ámbito. Las críticas también han llegado desde el Congreso, donde consideran que el papel del poder judicial es cumplir las leyes y no opinar sobre ellas. Óscar Puente, actual ministro de Transportes, afirmó que Ábalos ya no sería diputado si dependiese del PSOE, lo que revela la tensión dentro del partido. El caso inicial, vinculado a un supuesto amaño de contratos de mascarillas durante la pandemia, sigue generando controversia.
La disputa ha sido aprovechada políticamente por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha expresado su «estupor» compartido con el magistrado Puente, criticando al Gobierno por los casos de corrupción. Patxi López y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, representantes del PSOE en el Congreso, han rechazado modificar el reglamento que podría alterar la titularidad del acta de diputado, defendiendo que cada ciudadano tiene el derecho de participar políticamente y proponer cambios legislativos. Àgueda Micó, de Compromís, ha abogado por una reforma que evite situaciones similares. Mientras tanto, Feijóo ha aprovechado la situación para acentuar sus críticas hacia Pedro Sánchez, acusándolo de estar rodeado de corrupción, y cuestionando la confianza depositada en un Gobierno que, según él, ha enfrentado numerosos escándalos.
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