El Gobierno del presidente Donald Trump ha llevado la disputa con la ciudad de Nueva York a un nuevo nivel al presentar una demanda en contra de sus políticas migratorias, acusando a las autoridades locales de interferir con la aplicación de la ley federal. La acción legal, impulsada por el Departamento de Justicia, se centra en las «leyes de ciudad santuario», que limitan la colaboración entre la policía local y las autoridades migratorias. En el documento judicial, se sostiene que Nueva York ha intensificado sus esfuerzos por obstaculizar la aplicación de las leyes de inmigración, lo que, según el Gobierno, representa una grave amenaza para la seguridad pública.
Esta demanda se suma a una serie de acciones legales similares que el Ejecutivo ha lanzado contra localidades gobernadas por demócratas, como Los Ángeles y Chicago. El Departamento de Justicia argumenta que las políticas de santuario dificultan la labor de los agentes migratorios y crean riesgos de seguridad en la ciudad. Sin embargo, los defensores de dichas políticas sostienen que son necesarias para proteger a las comunidades, permitiendo a migrantes reportar delitos sin temor a la deportación. Datos de la New York Immigration Coalition indican que esos condados experimentan un descenso en los índices delictivos, lo que refuerza el argumento de quienes apoyan estas normativas.
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