Ante el colapso migratorio en las islas Canarias, el Gobierno central y el Ejecutivo canario han intensificado la presión sobre el PP para aceptar un reparto obligatorio de menores migrantes entre comunidades. En una reunión en La Palma, Pedro Sánchez y Fernando Clavijo acordaron buscar apoyos en el Congreso para modificar la ley de extranjería. El ministro Ángel Víctor Torres calificó la reforma como “la única solución posible” y anunció un compromiso de 50 millones de euros para Canarias. Aunque no se aprobará un decreto ley, se buscan alianzas parlamentarias. El PP, crítico con la gestión, propuso reforzar el control fronterizo. Clavijo destacó la urgencia de un acuerdo político y subrayó la sobrecarga en los recursos de acogida, que también afecta a Ceuta. La situación coincide con un aumento drástico de llegadas irregulares a España, especialmente a Canarias.
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