El Gobierno de Pedro Sánchez no ha condenado la prohibición del régimen de Nicolás Maduro que impidió la entrada a Venezuela de una delegación del PP, que iba a actuar como observadora en las elecciones. En lugar de reprochar a Maduro, el Ejecutivo culpó al PP por intentar viajar sin autorización oficial. Según Moncloa, el Ministerio de Asuntos Exteriores informó tanto al Senado como al PP que la autorización había sido denegada, pero el partido decidió realizar el viaje igualmente. La delegación fue retenida y se les comunicó que serían expulsados, situación que ha generado críticas internacionales al régimen chavista por sospechas de amaño electoral. Ortiz González Pons, vicepresidente del Parlamento Europeo, advirtió sobre un posible «golpe de estado» de Maduro. La prohibición también se extendió a un avión con ex presidentes iberoamericanos destinados a observar los comicios.
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