El regreso del glifosato a Colombia, tras una década desde su prohibición, marca un giro en la estrategia del gobierno de Gustavo Petro para combatir los cultivos de coca. La medida ha sido anunciada por Andrés Idárraga, el ministro de Justicia encargado, quien detalló que se realizará una “aspersión terrestre controlada a través de drones”, principalmente en áreas donde grupos armados ilegales obligan a campesinos a cultivar coca. Esta fórmula, que se diferencia de la aspersión aérea prohibida por la Corte Constitucional, busca asegurar que el glifosato solo alcance las hojas de coca, minimizando su impacto en otras áreas. La implementación de esta técnica cuenta con el respaldo de la autorización emitida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en 2016, que permite el uso de equipos de aspersión terrestre teledirigidos.
Esta decisión llega en un contexto de crecientes presiones internas y externas para mostrar resultados concretos en materia de lucha contra el narcotráfico y mantenimiento del orden público. El gobierno de Petro enfrenta un recrudecimiento de las actividades guerrilleras y disidentes, con actos violentos recientes en varias regiones del país. Internacionalmente, enfrenta críticas de líderes como el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha retirado la certificación de Colombia como país en la lucha antidrogas, exacerbando las tensiones. Además, hay preocupaciones sobre la legalidad de la estrategia a base de drones y su efectividad real, lo que suscita escepticismo en expertos y defensores de los derechos de los campesinos. La reutilización del glifosato, un método largamente criticado por sectores progresistas y que vuelve en un gobierno de izquierda, representa un desafío significativo para la administración de Petro y su política sobre el narcotráfico y la paz en el país.
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