El gobierno de Javier Milei anunció la privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A (AySA), una de las empresas estatales incluidas en su plan de desguace del Estado. El proceso transferirá el 90% de las acciones a accionistas privados a través de una licitación pública nacional e internacional, mientras que el 10% restante seguirá en manos de sus empleados. AySA, que presta servicios de agua potable y cloacas a 3,8 millones de hogares en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, es la única empresa estatal que actualmente reporta superávit. El precio de sus servicios se ha cuadruplicado desde que Milei asumió el poder, superando ampliamente la inflación, en un contexto donde las obras de infraestructura han sido paralizadas.
Con el objetivo de preparar a AySA para la venta, el gobierno ya había reducido su plantilla de empleados significativamente. A finales de marzo, la empresa había reportado un resultado operativo positivo para 2024, un cambio notable respecto al déficit que enfrentaba en 2023 bajo el gobierno de Alberto Fernández, que mantenía las tarifas controladas para reducir impactos inflacionarios. La privatización, que busca replicar el modelo implementado durante el gobierno del expresidente Carlos Menem, comenzará con dos decretos que establecerán el estado financiero de la empresa y modificarán el marco regulatorio para permitir la venta. Los términos de concesión se aprobarán en el segundo semestre del año, con la adjudicación prevista para mediados de 2026.
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