El Gobierno de España establece nuevas directrices para el Consejo de la Memoria Democrática.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un Real Decreto (RD) que marca un hito en la consolidación de la memoria histórica en España. Este decreto regula la composición y funcionamiento del Consejo de la Memoria Democrática y establece la creación de la Comisión de la Verdad. Designado como presidente del Consejo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, liderará un órgano colegiado que se configura como un espacio consultivo con participación activa de entidades memorialistas.

El RD determina un régimen jurídico específico para el Consejo de la Memoria Democrática, destacándose su adscripción al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. En cuanto a su composición, se enfatiza la importancia de una representación equilibrada entre hombres y mujeres, y se aclara que la participación en el Consejo no será remunerada.

Dentro del mismo marco normativo, se establece la constitución de la Comisión de la Verdad, un organismo independiente cuyo objetivo será esclarecer las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil y la posterior dictadura. Esta comisión estará compuesta por un máximo de diez miembros, todos ellos figuras de reconocido prestigio en el ámbito académico, profesional y de derechos humanos, designados por el propio Consejo de la Memoria Democrática.

La Comisión de la Verdad contará con un plazo de 18 meses para llevar a cabo sus diligencias y presentar conclusiones y recomendaciones que podrían arrojar luz sobre uno de los periodos más oscuros de la historia reciente de España.

El Real Decreto también regula el Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática, incluyendo a aquellas vinculadas al exilio y la resistencia desarrollada fuera de España. Se asegura así un reconocimiento institucional a nivel internacional de entidades que han contribuido a la preservación de la memoria histórica desde el extranjero.

Importante destacar que la implementación del RD no implicará un incremento del gasto público, ya que el funcionamiento tanto del Consejo como del Registro será gestionado con los recursos ya asignados a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Este avance refleja un compromiso del gobierno español con la memoria histórica, promoviendo una reconciliación basada en el reconocimiento y la verdad de hechos pasados que durante décadas permanecieron ocultos entre las sombras de la historia.

Fuente: Ministerio Políticas Territoriales y Memoria Democrática.

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