En medio de la controversia sobre la tauromaquia en España, la Comunidad de Madrid, bajo el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso, avanza con una reforma regulatoria que aflojaría la normativa sobre espectáculos taurinos populares. Esta movida, casi tres décadas después de que la región prohibiera prácticas como el toro embolado y el toro enmaromado, ha suscitado un debate intenso. La modificación propuesta ha eliminado la palabra «maltrato» del texto legal, reemplazándola con un artículo que aconseja evitar acciones que impacten negativamente el bienestar de los animales, aunque las autoridades aseguran que las prohibiciones previas continúan de manera implícita. A pesar de estas declaraciones, sectores críticos temen que la reforma abra la puerta a la celebración de eventos previamente prohibidos, lo que ha generado una oleada de reacciones tanto de defensores como de opositores a la medida.
La administración regional también prevé incrementar su presupuesto protaurino, destinando millonarias subvenciones a instituciones relacionadas con esta práctica, en un contexto donde el gasto general en Cultura ha disminuido. Críticos, como el Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma), argumentan que el dinero podría ser mejor utilizado en otros servicios públicos, como la Sanidad, y han anunciado su intención de presentar alegaciones a la reforma. Por otro lado, sectores protaurinos ven el cambio como un reconocimiento a las tradiciones culturales y a la identificación popular con los toros en ciertas áreas. En medio de este escenario polarizado, la reforma se encuentra en fase de consulta pública, dejando un margen para correcciones antes de su aprobación final, mientras las autoridades insisten en que el respeto a los animales se mantendrá como prioridad.
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