El próximo 5 de noviembre, el Consejo de Ministros de España tiene previsto dar luz verde a la adquisición del 9,9% de Telefónica por parte de la compañía saudí STC, tras más de un año de intensas negociaciones. Este avance en las conversaciones ha sido fruto de recientes reuniones cruciales entre altos representantes saudíes y el gobierno español, que contaron con la participación destacada de los ministros de Defensa de ambos países.
El proceso para completar esta transacción ha sido arduo debido a la implicación de Telefónica en contratos críticos para la seguridad nacional, lo cual generó preocupación, sobre todo en el Ministerio de Defensa liderado por Margarita Robles. No obstante, tras diversos encuentros, incluido uno con el ministro de Defensa saudí, Khalid Bin Salman, se lograron consensos que permitirán a STC formalizar su participación en la multinacional española.
La inversión de STC en Telefónica, valorada en aproximadamente 2.300 millones de euros, no solo refleja su interés financiero, sino que también está acompañada de compromisos claros. La empresa saudí deberá respaldar las inversiones de Telefónica tanto en España como en otros mercados estratégicos. Además, ha aceptado rigurosas condiciones de confidencialidad y protección de datos, lo que garantiza la salvaguarda de información delicada del Estado español.
Por su parte, Telefónica ha decidido mantenerse al margen de las discusiones gubernamentales, enfocándose en sus operaciones diarias. A pesar de la falta de comunicación directa desde STC desde su primera inversión de 4,9% el año pasado, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha mantenido conversaciones discretas con representantes de la compañía saudí para delinear su futuro papel en el consejo de administración.
Esta transacción no solo altera el mapa accionarial de Telefónica, donde STC busca obtener dos asientos en el consejo, sino que también ha generado fricciones con la SEPI, que procura aumentar su influencia. En un consejo formado por 15 integrantes, la entrada de nuevos representantes tendrá que equilibrarse con las normas de paridad de género, que estipulan un 40% de presencia femenina.
El movimiento también se enmarca en un contexto más amplio de fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre España y Arabia Saudí. En este sentido, la autorización para la operación de STC llega en un momento crítico, ya que España está interesada en sostener sus relaciones comerciales con Arabia Saudí, teniendo en cuenta los importantes contratos que Navantia, el principal astillero español, mantiene con el país.
Finalmente, el avance de STC en el capital de Telefónica no solo refuerza su presencia en el mercado europeo, sino que también solidifica la cooperación entre ambos países en ámbitos clave como la defensa y la industria. Mientras Arabia Saudí consolida su posición en una de las principales operadores de telecomunicaciones de Europa, España asegura el respaldo de un fuerte inversor comprometiéndose con la protección de intereses estratégicos nacionales.
