
El Consejo de Ministros de España ha dado luz verde a la nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, una medida diseñada para detener la privatización en el sector sanitario público y prohibir futuros modelos privados como el del Hospital de Torrejón, gestionado por el Grupo Ribera, o las instalaciones de Quirón en Madrid. La legislación busca anular la normativa de 1997 que permitió a empresas privadas gestionar hospitales públicos mediante concesiones. Solo se autorizarán excepciones si se prueba que la prestación pública no es posible, garantizando sostenibilidad financiera, eficiencia y estándares de calidad. Además, cualquier colaboración público-privada deberá ser evaluada por un comité de expertos, priorizando acuerdos con entidades no lucrativas.
Paralelamente, se ha presentado el Anteproyecto de Ley de las Organizaciones de Pacientes, que por primera vez reconoce a estas asociaciones como interlocutores ante el Estado y les asegura un papel en la gobernanza del Sistema Nacional de Salud. Las nuevas disposiciones garantizan a estas entidades acceso a información pública relevante, participación en políticas sanitarias y financiamiento público con criterios claros, además de formación continua para su fortalecimiento institucional. El establecimiento de una Mesa para la Participación de los Pacientes y un Censo Estatal busca fortalecer su diálogo institucional con el gobierno. Estas iniciativas subrayan un compromiso por un sistema de salud más transparente y participativo, marcando un cambio significativo en la gestión sanitaria española.
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