El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha tomado una decisión clave para reforzar la seguridad energética en las Islas Canarias. La reciente aprobación de una orden ministerial permitirá aumentar el respaldo económico destinado a garantizar el suministro eléctrico en el archipiélago, un movimiento que evidencia el compromiso del Gobierno con esta región vulnerable.
En Gran Canaria, se ha reconocido una potencia gestionable de 137,8 megavatios (MW), lo que representa un incremento de 87 MW en comparación con la orden anterior de mayo. Las potencias para Tenerife y Fuerteventura se mantienen estables, con 71,6 MW y 32,8 MW respectivamente.
La ministra Sara Aagesen destaca que esta actualización es un avance hacia la seguridad de suministro en Canarias, reforzando la financiación para medidas de emergencia en las tres islas. Este esfuerzo gubernamental complementa una orden aprobada en 2024 y responde a las necesidades identificadas por Red Eléctrica de España.
La tramitación de esta iniciativa se completó en apenas tres meses, a partir de la solicitud del Gobierno canario el pasado 5 de mayo. El respaldo económico garantiza la cobertura de estos costes durante tres años, con posibilidad de prórroga, asegurando el suministro eléctrico necesario para evitar interrupciones.
Cabe recordar que estas acciones coexisten con los planes de descarbonización y modernización en Canarias. Aagesen enfatiza que no sustituyen las estrategias hacia islas 100% renovables. En este sentido, se están implementando diversas iniciativas como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), la modernización de instalaciones de generación y el fortalecimiento de redes en las denominadas Islas Verdes.
El desafío de equilibrar la seguridad del suministro con la transición energética es pronunciado en un territorio que no está interconectado con la península y enfrenta vulnerabilidades debido a la demanda fluctuante y a eventos climáticos extremos. La respuesta del MITECO se posiciona como un factor crucial para garantizar el bienestar energético de Canarias y proteger su desarrollo sostenible.
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