El Gobierno planea aprobar una significativa reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, buscando adaptar la normativa a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). Este cambio transferirá la instrucción de causas penales a los fiscales, aumentando así su autonomía e independencia del poder Ejecutivo. Una de las modificaciones clave es que el mandato del fiscal general del Estado no coincidirá con el del Gobierno; será de cinco años no renovables. Además, el Ejecutivo no podrá intervenir en decisiones del fiscal general, y las comunicaciones entre ambos deberán ser públicas y por escrito. Esta iniciativa responde a las demandas del Consejo General del Poder Judicial y otros organismos europeos que alertan sobre la necesidad de asegurar la independencia en la administración de justicia.
Asimismo, el anteproyecto prevé modificar varios aspectos del actual estatuto para reforzar la autonomía interna y limitar la discrecionalidad del fiscal general en procedimientos específicos. Se establece que las instrucciones deberán contar con el consenso de altos funcionarios del Ministerio Fiscal y se amplía el poder de la Junta de Fiscales de Sala. Adicionalmente, se implementarán cambios en la dirección de la Policía Judicial y se regularán aspectos de nombramiento y recusación de fiscales. En paralelo, el Consejo de Ministros discutirá la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para fortalecer las carreras judicial y fiscal, ajustando el acceso mediante oposiciones y abordando la interinidad de jueces substitutos.
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