El Gobierno ha arrancado con fuerza el nuevo curso político al aprobar el anteproyecto de ley para la condonación parcial de la deuda autonómica, un movimiento que busca contentar a socios catalanes y reagrupar a su mayoría en el Congreso. La medida, calculada en cerca de 85.000 millones de euros, está dirigida a las comunidades de régimen común, excluyendo a aquellas con sistemas fiscales propios como País Vasco y Navarra. Entre las beneficiadas se incluyen comunidades como Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, aunque el principal partido de la oposición, el Partido Popular, ha manifestado su rechazo frontal y ha asegurado que ninguno de sus territorios solicitará la condonación. Esta decisión del Ejecutivo, considerada arriesgada, también se enfrenta a la negativa de partidos de la oposición y genera discrepancias dentro del bloque de la investidura.
Este paso llega tras un acuerdo previo entre el PSOE y ERC en 2023, que prometía impulsar una quita para Cataluña y abrir la posibilidad al resto de comunidades. Hacienda ha desarrollado una metodología para ejecutar esta quita, basada en el “sobreendeudamiento” de las comunidades entre 2009 y 2013. La condonación está diseñada para mejorar la salud financiera de las regiones, aunque enfrenta críticas que la acusan de fomentar una mala gestión fiscal al transferir el pasivo al Estado. La medida es voluntaria, y algunas regiones consideran que no aborda las problemáticas de infrafinanciación. El Partido Popular critica la falta de actualización del sistema de financiación autonómica y la posible ventaja para Cataluña, mientras que otros socios del Gobierno piden ajustes específicos para sus territorios o condiciones fiscales a las regiones.
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