El Gobierno ha confirmado que elevará el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026, alcanzando los 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas, lo que representa un incremento mensual de 37 euros. La aplicación de esta subida será retroactiva desde el 1 de enero, beneficiando directamente a los trabajadores con salarios más bajos, quienes podrán aumentar sus ingresos en aproximadamente 518 euros anuales.
El anuncio fue realizado por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la reunión de la Mesa de Diálogo Social, en la que el Ejecutivo presentó la cifra definitiva y propuso un sistema de incentivos para las empresas que facilite el acuerdo con sindicatos y patronal, aún pendiente de formalización. Desde el Gobierno se apunta a que esta iniciativa no solo responde a una estrategia para mejorar la calidad de vida de los trabajadores de menores ingresos, sino que también forma parte de un cambio estructural en el modelo económico del país.
Durante su intervención, Pérez Rey defendió que la subida del salario mínimo tendrá efectos tangibles en la vida cotidiana de quienes se sitúan en las escalas salariales más bajas, indicando que «a partir del 1 de enero de 2026 van a cobrar 37 euros más, 518 euros al año». Además, subrayó que el incremento puede marcar la diferencia entre poder acceder a una alimentación de mayor calidad, mantener la calefacción o afrontar gastos imprescindibles.
El funcionario también vinculó esta medida a la necesidad de reducir las desigualdades económicas en España, señalando que el país debe dejar de ser considerado un «país de bajos salarios» y cerrar la brecha con Europa, que actualmente supera los 20 puntos porcentuales en esta materia. En ese contexto, destacó los logros alcanzados gracias a la política de incrementos en el SMI, como la reducción de la brecha salarial de género, el impulso a las subidas en los niveles salariales más bajos y la lucha contra la desigualdad laboral.
Otra de las decisiones relevantes es que el SMI será exento de tributación en el IRPF, en consonancia con las propuestas del Ministerio de Hacienda. Pérez Rey explicó que esta exención responde a un criterio de justicia fiscal, en línea con la idea de que quienes menos ingresan no deben pagar impuestos, reforzando así la progresividad del sistema tributario.
Además, el Gobierno ha planteado el diseño de mecanismos de compensación para las empresas con alta presencia de trabajadores en el salario mínimo. Sin embargo, estos apoyos no tendrán carácter de subvención estructural, sino que funcionarán como incentivos para que las empresas puedan subir sus escalas salariales sin penalizaciones inmediatas. Entre las propuestas está la posible deducción en el Impuesto de Sociedades, siempre que se garantice la conservación del empleo.
El sindicalismo, representado por el secretario confederal de CCOO, Javier Pacheco, ha señalado que las organizaciones estudiarán la nueva propuesta y esperan recibir más detalles en los próximos días. La intención es llegar a un acuerdo en la próxima reunión, prevista para el jueves, y avanzar en el proceso de tramitación normativa de forma rápida para que la subida del SMI sea efectiva sin retrasos.
El debate en torno al incremento del salario mínimo continúa siendo un punto central en la agenda social y laboral del país, en un momento en el que las fuerzas políticas y sociales reflexionan sobre el papel de las políticas económicas en la reducción de desigualdades y en la promoción de condiciones laborales dignas. La implementación de estos cambios aún requiere el aval final del proceso legislativo, pero la voluntad del Ejecutivo es avanzar con decisiones concretas que repercutan en la vida de los trabajadores más vulnerables.
