El Gobierno español ha conseguido el respaldo de los principales sindicatos para avanzar en la implementación de una medida que busca reducir la jornada laboral en la Administración General del Estado (AGE). De acuerdo con información publicada por medios nacionales, el acuerdo contempla limitar la jornada semanal a 35 horas, un logro que ha sido posible gracias a la aprobación del respaldo de UGT, CCOO y CSIF, quienes participan en una mesa de negociación prevista para este viernes.
Este paso es considerado un avance histórico, ya que representa la recuperación paulatina de una reivindicación que data de décadas atrás. Actualmente, el personal de la Administración pública estatal trabaja en promedio 37,5 horas por semana, cifra que contrasta con las 35 horas que han adoptado varias comunidades autónomas y ayuntamientos desde los años noventa. La crisis financiera de 2012 había frenado la progresiva adopción de jornadas inferiores, y la prohibición de reducirlas por debajo de ese umbral permaneció vigente hasta la aprobación de los Presupuestos Generales en 2018.
El acuerdo que se prevé firmar en esta ocasión sigue el ejemplo de otras administraciones regionales y locales, que en los últimos años han avanzado hacia la jornada de 35 horas mediante cambios normativos. Por ahora, las negociaciones apuntan a que la reducción beneficiará a unos 250.000 funcionarios y entrará en vigor en la primera mitad de abril, según confirmó el ministro de Transformación Digital, Óscar López.
La iniciativa no solo responde a una demanda sindical de larga data, sino que también busca homogeneizar las condiciones laborales en todo el territorio. La colaboración de diferentes ministerios y la participación activa de los sindicatos pretenden garantizar una aplicación ordenada que beneficie el bienestar laboral y optimice la eficiencia de los servicios públicos.
No obstante, el proceso no estuvo exento de debates internos entre los sindicatos. UGT, en primer lugar, manifestó su apoyo incondicional a la propuesta, mientras que CCOO prefirió estudiar en profundidad los detalles antes de manifestar su posición. Finalmente, respaldaron la medida en la reunión interna del día siguiente, siempre y cuando se incluyan en la reducción a todos los colectivos afectados, incluyendo personal con condiciones especiales, como docentes, sanitarios y empleos en instituciones penitenciarias en Ceuta y Melilla.
El contexto actual refleja un cambio en la dinámica histórica del sector público español, donde la jornada de 37,5 horas nunca llegó a reducirse oficialmente a 35 horas en la Administración Central. La recuperación de esa jornada, que fue la norma en muchas comunidades desde los años noventa, había sido bloqueada por motivos económicos y políticos, pero la tendencia parece estar invirtiéndose en un movimiento que busca mejorar las condiciones laborales y responder a la demanda social de mayor equilibrio entre vida laboral y personal para los trabajadores públicos.
