El Gobierno español se enfrenta al reto de incrementar el gasto en defensa del 1,4% al 2% del PIB para finales de este año, cumpliendo con los compromisos asumidos con la OTAN y los socios europeos, sin recortar en otras áreas ni aumentar impuestos o déficit. Para lograrlo, el Ejecutivo planea utilizar varios recursos financieros. Entre ellos, destaca el ‘colchón’ de 3.182 millones de euros obtenido por un cierre fiscal favorable el año pasado. Esta contribución representa aproximadamente un 30% del aumento necesario para cumplir con el objetivo del 2% del PIB. Además, se prevé la reubicación de partidas del presupuesto prorrogado de 2023 que no se están ejecutando, y no se requeriría la aprobación del Congreso para estas modificaciones dada una disposición incluida en las cuentas de 2021.
El plan, que suma un total de 10.471 millones de euros, destina una parte significativa a la mejora de las condiciones laborales y el equipamiento de las Fuerzas Armadas, así como al desarrollo de capacidades de telecomunicaciones y ciberseguridad. Además, una porción se dirigirá a reforzar la gestión de emergencias y desastres naturales y a adquirir armamento. El Gobierno sostiene que este aumento en el gasto tendrá un impacto positivo en la economía nacional, con la potencial creación de cerca de 100,000 empleos y una contribución al crecimiento del PIB de entre cuatro y siete décimas. La mayor parte de los fondos se invertirán en empresas y trabajadores españoles, impulsando así la economía interna, según las previsiones del Ejecutivo.
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