El Gobierno español ha dejado claro que todas las comunidades autónomas deben acatar las nuevas normativas sobre el traslado de menores migrantes no acompañados, con consecuencias legales para aquellas que se opongan. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha enfatizado que si algún territorio se niega a reubicar a aproximadamente 4,000 menores de Canarias, Ceuta y Melilla, las fuerzas de seguridad intervendrán. Su homólogo en Justicia, Félix Bolaños, ha respaldado esta postura al señalar que el Gobierno cuenta con herramientas para forzar el cumplimiento de la ley.

A pesar de las advertencias del Ejecutivo, varias comunidades del Partido Popular han expresado su desacuerdo, cuestionando la legalidad y equidad del reparto. Estas administraciones alegan que sus propios sistemas de acogida están desbordados, lo que ha llevado a diez de ellas a presentar recursos ante el Tribunal Constitucional. No obstante, el Gobierno confía en que la mayoría de las comunidades cumpla con los criterios establecidos, que considera justos y objetivos, subrayando la necesidad de solidaridad entre territorios ante la presión migratoria desigual.

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