Los ministros Félix Bolaños y Elma Saiz han comunicado que la reciente proposición de ley impulsada por el PSOE y JxCat no contempla la obligatoriedad de conocer ninguna lengua específica. Esta declaración adquiere relevancia en el contexto de la continua discusión sobre el uso y enseñanza de idiomas cooficiales en diversas comunidades autónomas de España. La medida surge como un intento por equilibrar el respeto a la diversidad lingüística con los derechos individuales, evitando la imposición de un mandato que obligue a los ciudadanos a dominar una lengua distinta a la oficial del Estado, el español.
La proposición también busca fomentar un entendimiento y respeto interregional a través del reconocimiento voluntario de las lenguas cooficiales, promoviendo su aprendizaje por interés y convicción personal en lugar de obligación. Esta iniciativa ha sido recibida con opiniones encontradas: mientras que algunos sectores la consideran un paso hacia la armonización cultural y lingüística, otros críticos argumentan que podría relegar a las lenguas cooficiales a un segundo plano, disminuyendo su presencia efectiva en la vida cotidiana y administrativa de las comunidades donde se hablan. La conversación sobre este tema continúa en el ámbito político y social, reflejando la complejidad del manejo de la diversidad lingüística en España.
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