El Gobierno de España ha decidido retirar el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado contra la orden del Tribunal Supremo que obligaba a la administración central a asumir el cuidado de más de 1,000 menores migrantes no acompañados que solicitaron asilo y están bajo el amparo de los servicios de protección de Canarias. Esta decisión se tomó tras una reunión entre el ministro de Política Territorial, Félix Bolaños, y el presidente canario, Ángel Víctor Torres, donde se acordó analizar cada caso individualmente. Bolaños indicó que, en un gesto de lealtad y buena fe negociadora, se ha optado por desistir del recurso para centrarse en alcanzar un acuerdo, buscando una solución colaborativa en lugar de un enfrentamiento judicial.
El Tribunal Supremo había decidido el 25 de marzo que el Estado debía hacerse cargo de estos menores debido a un contexto de cruces competenciales entre las administraciones estatal y autonómica. La comunidad autónoma es responsable del cuidado de menores en estado de desamparo, pero el estatus de solicitantes de asilo de estos jóvenes implica una responsabilidad estatal. En su recurso, la Abogacía del Estado sostenía que la administración canaria debía seguir siendo responsable, argumentando que trasladar a los menores podría perjudicar su bienestar. Sin embargo, dada la situación «insostenible», como la calificó el Supremo, el sistema estatal está llamado a intervenir para garantizar la protección y adecuada recepción de los menores.
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