La Ley de Movilidad Sostenible en España enfrenta desafíos significativos antes de su debate en el Congreso. Este proyecto, vital para liberar 10.000 millones de euros de los fondos europeos, todavía busca los votos necesarios tras su difícil tramitación parlamentaria. Podemos, uno de los partidos clave, condiciona su apoyo a la paralización de las ampliaciones del aeropuerto de El Prat y el puerto de Valencia, lo que ha llevado al Gobierno a buscar el respaldo de UPN. La norma, que incluye medidas para descarbonizar y digitalizar el transporte, así como financiar el transporte público urbano, aún no cuenta con el consenso necesario. El portavoz socialista, Patxi López, expresó confianza en las negociaciones, aunque UPN aún no ha recibido un contacto formal para discutir el texto final.
Esta normativa propone importantes cambios como la obligatoriedad de planes de movilidad sostenible para grandes empresas y la prohibición de vuelos cortos cuando existan alternativas ferroviarias viables. Sin embargo, las críticas persisten, especialmente de Podemos, que considera incongruente avanzar en estos planes mientras se impulsan proyectos contrarios al objetivo climático. Alberto Ibáñez, portavoz de Sumar, enfatiza la importancia de la ley no solo por el aspecto económico sino también como muestra de colaboración interpartidista por el bien común. A pesar de las tensiones políticas, incluso el PP podría ver beneficios en apoyar la ley debido a las ventajas financieras para las comunidades autónomas, muchas bajo su gobierno.
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