En un giro inesperado en la política mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum se enfrenta a una ofensiva diplomática impulsada por las amenazas arancelarias del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Desde que se anunció un arancel del 25% a productos mexicanos, Sheinbaum ha redirigido su enfoque hacia la alineación con los intereses estadounidenses, tratando de manejar temas críticos como la seguridad interna y el fenómeno migratorio. La colaboración con Estados Unidos ahora es más prioritaria que nunca, con la presidenta y su equipo trabajando en diversas frentes: el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se desplaza a Sinaloa para contener la violencia narcotraficante; la cancillería busca fortalecer lazos en Washington; y el sector empresarial es instado a reducir la dependencia de insumos chinos. El decomiso histórico de una tonelada de fentanilo añade un golpe propagandístico a la narrativa del Gobierno, mostrando una mano dura contra el crimen organizado.
Mientras Sheinbaum navega en este panorama complejo, se enfrenta a los desafíos internos y externos con estrategias que buscan apaciguar la amenaza de Trump sin ceder soberanía ni principios fundamentales. En el ámbito interno, la violencia en Sinaloa continúa siendo una herida abierta, con el Gobierno mostrándose más activo que nunca en su combate. Al mismo tiempo, el fenómeno migratorio y la presión económica se acentúan, obligando a México a ajustar su postura para evitar ser rebasado por las demandas de Trump. La administración actual trabaja contra el reloj, intentando construir una plataforma de diálogo más favorable antes de la fecha de toma de posesión del nuevo mandatario estadounidense. La situación presenta un dilema para la política exterior mexicana y una verdadera prueba de liderazgo para Sheinbaum, mientras se esfuerza por presentar a su país como un socio confiable en la región de Norteamérica.
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