El futuro de Muface, la mutualidad que asegura a 1,5 millones de funcionarios, está en una encrucijada tras más de un mes de incertidumbre. Ante el riesgo de colapso, el Gobierno se encuentra en plena negociación con aseguradoras para establecer una nueva licitación que podría evitar su desaparición. Sin embargo, si estas gestiones fracasan, las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía y Extremadura serían las más afectadas debido a un incremento previsto del 4,5% en su población sanitaria envejecida, sector que exige más recursos del sistema. Este fenómeno también impactaría a Castilla-La Mancha, aunque en menor medida respecto al envejecimiento. Por otro lado, regiones como País Vasco, Navarra, Baleares y Cataluña esperarían presiones más ligeras con aumentos de hasta el 2% en la demanda sanitaria.
La posible transición de los funcionarios de la sanidad privada a la pública generaría tensiones en un sistema ya sobrecargado. Analistas sugieren que el trasvase sería viable si el Estado asigna adecuadamente los recursos de Muface al sistema nacional de salud. Según informes de la Universidad Complutense de Madrid, el costo potencial del fin de Muface rondaría los mil millones de euros y podría empeorar la saturación actual con un notable aumento en la demanda de atención primaria y hospitalaria. Sin embargo, se anticipa que muchos funcionarios podrían optar por seguros privados, mitigando parcialmente la presión sobre el sistema público. Este fenómeno tendría particular incidencia en diagnósticos y consultas especializadas, donde el acceso rápido es un diferencial clave para los asegurados privados.
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