La Fiscalía ha solicitado nuevamente el archivo del caso que involucra a Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y otros delitos relacionados con su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, donde supuestamente favoreció al empresario Juan Carlos Barrabés. El ministerio público sostiene que la relación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no puede usarse como presunción de irregularidades, argumentando que no hay evidencia concreta que respalde la idea de que Gómez influyó en la adjudicación de contratos públicos o en el manejo de la cátedra. Durante una vista judicial reciente, el fiscal reiteró que no se han presentado pruebas objetivas que indiquen la comisión de delitos como tráfico de influencias o corrupción.
El juez Peinado, encargado del caso, está evaluando si se debe llevar a juicio. No obstante, la Fiscalía ha determinado que no existen elementos suficientes que sustenten la acusación. Según el fiscal, las alegaciones son demasiado generales y carecen de indicios claros de los delitos imputados, lo que pone en tela de juicio la validez de la acusación. Además, sostiene que no se ha encontrado evidencia que sugiera apropiación indebida o intrusismo en la cátedra, instando a un sobreseimiento del caso al considerar que la acusación está basada más en conjeturas que en pruebas fundamentadas.
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