El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, enfrentó una dura jornada en el Senado, donde fue atacado verbalmente por miembros del Partido Popular (PP) y Vox, con declaraciones que cruzaron la línea hacia el insulto. La senadora del PP, Pepa Pardo, llegó a acusarlo de actuar «al más puro estilo de un vulgar delincuente», mientras que Paloma Gómez de Vox afirmó que «tiene la vida y el prestigio totalmente destrozados». García Ortiz optó por no confrontar directamente, afirmando que no podía entrar al «combate político» y defendió su permanencia en el cargo como una obligación ante lo que él denomina una concesión a los delincuentes. El fiscal reiteró que ha borrado sus datos electrónicos siguiendo una directiva europea que le otorga el derecho de proteger su información personal y la de sus custodios.
El enfrentamiento se enmarca en un contexto de alta tensión política, una semana después de que figuras judiciales participaran en un evento organizado por el PP para criticar al Gobierno. Durante su intervención, Pardo solicitó fervientemente la dimisión de García Ortiz debido a su imputación en el Tribunal Supremo por presuntamente revelar datos relacionados con el fraude fiscal de un allegado político. En su réplica, García Ortiz defendió su designación y subrayó que criticar al fiscal general por motivos políticos es fácil, pero sin fundamento. Además, enfatizó su intención de no dimitir, afirmando la importancia de su papel frente a posibles debilidades que podrían ser explotadas por grupos como los narcotraficantes. Denunció también el acoso que ha sufrido, que le llevó a cambiar de dispositivos electrónicos, y se quejó de la inversión de la carga de la prueba en su caso, sosteniendo que su posición no debería hacerle perder la neutralidad necesaria para el ejercicio de sus funciones.
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