El Proyecto Viena de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha generado polémica al establecer acuerdos que permiten a los promotores inmobiliarios eludir el pago al Estado hasta el siglo XXII. Esta iniciativa está orientada a impulsar el mercado de alquiler de viviendas, proponiendo precios que comienzan a 7,6 euros mensuales por metro cuadrado de media. El planteamiento busca fomentar el acceso a la vivienda a precios más asequibles en un contexto de creciente demanda y escasez de oferta. Sin embargo, las condiciones del acuerdo han suscitado críticas, ya que supone prolongar beneficios para los promotores durante un periodo excepcionalmente largo, posponiendo significativamente el retorno económico para las arcas públicas.
El acuerdo despierta interrogantes sobre la sostenibilidad económica y social de esta estrategia a largo plazo. Mientras que algunos expertos ven en el Proyecto Viena una oportunidad para dinamizar el sector inmobiliario y ampliar el parque de viviendas en alquiler, otros cuestionan la viabilidad de un modelo que, aunque prevé rentas iniciales moderadas, podría desincentivar futuras inversiones estatales en infraestructuras y servicios públicos al no generar retorno financiero inmediato. El debate se centra en cómo equilibrar la necesidad urgente de viviendas asequibles con las implicaciones de posponer ingresos fiscales, lo que podría tener repercusiones en otros ámbitos de inversión estatal.
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