La economía española se encuentra actualmente en una situación crítica, anestesiada por un gasto público elevado que, si bien sostiene temporalmente el empleo, no logra mejorar de manera estructural el mercado laboral. Este gasto, calificado de no productivo, se erige como un pilar que camufla la realidad de un mercado laboral precario, donde el aumento de la proporción de contratos fijos-discontinuos y trabajos a tiempo parcial son prueba de esta fragilidad. Durante el mes de diciembre, tradicionalmente influenciado por la estacionalidad de la campaña navideña, se registraron algunos de los peores datos de paro y afiliación. Tanto a nivel intermensual como interanual, las cifras del desempleo han alcanzado niveles críticos similares a los vividos durante la pandemia y anteriores a 2011.
España ostenta actualmente la mayor tasa de paro en la Unión Europea, con un preocupante 11,2%, y una resonante tasa de desempleo juvenil del 26,7%. Este panorama se ve agravado por la proliferación de contratos indefinidos a tiempo parcial o fijos-discontinuos, que en el último mes representaron un alarmante 61,34% de los nuevos contratos. Dicho incremento refleja una precarización laboral en alza, intensificada por normativas que han fomentado el uso de tales contratos en lugar de las contrataciones temporales. Al respecto, la Unión Europea alertó sobre cerca de un millón de trabajadores en España que, pese a no trabajar, no figuran en las listas oficiales de paro debido a estas modalidades contractuales. Esta situación, lejos de ofrecer motivos de celebración, es un claro reflejo de una economía sostenida de manera artificial, en la que el intervencionismo y el gasto público han excluido la inversión productiva, sembrando dudas sobre la sostenibilidad y estabilidad a largo plazo del mercado laboral español.
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