El decreto sobre vivienda anunciado de manera unilateral por Pedro Sánchez ha generado un rechazo contundente por parte de los partidos de izquierda del Gobierno, en particular Sumar y Podemos. Este paquete de medidas, que incluye deducciones fiscales para los propietarios que elijan no aumentar el alquiler a sus inquilinos, fue criticado duramente por los socios de coalición. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, denunció que se trata de «regalar dinero público a los rentistas», advirtiendo que no recibiría su apoyo, al considerar que la vivienda debe ser un derecho protegido constitucionalmente, no un incentivo fiscal. El descontento fue palpable, con acusaciones de que el PSOE ha ignorado las propuestas de su coalición, que abogaban por congelar los alquileres y extender los contratos para proteger a los inquilinos.

Además, las críticas se intensificaron por parte de Podemos, donde su número dos, Irene Montero, argumentó que la propuesta del Gobierno es ineficaz e injusta, insistiendo en que se priorizan los intereses de los propietarios sobre las necesidades de los inquilinos. Montero lamentó que el Gobierno pudiera implementar medidas más efectivas de inmediato, como la regulación de precios de alquiler y restricciones a los compradores no residentes, pero parece centrarse en «regalos fiscales a los caseros». Su postura fue respaldada por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien cuestionó la lógica detrás de las soluciones propuestas y pidió un cambio urgente que priorice a la población afectada en lugar de favorecer a los rentistas. La tensión entre los socios de la coalición se intensifica, mientras la problemática de la vivienda sigue sin resolverse de manera efectiva.

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