En un análisis sobre la Guerra Civil española y su memoria histórica, se destaca la labor de los archiveros en la documentación de este periodo. Se subraya la falta de atención a la efeméride del Comité Provincial de Investigación Pública (CPIP), creado en 1936 por el Ministerio de Gobernación republicano. Este comité, conocido como Checa de Bellas Artes, fue responsable de la persecución y ejecución de muchos desafectos del Frente Popular. La información para estas acciones provenía de ficheros de afiliación incautados. Con la entrada de los nacionales en Madrid en 1939, estos ficheros pasaron a manos de la Dirección General de Seguridad (DGS) franquista. Actualmente, esta documentación sigue siendo inaccesible para el público debido a que está catalogada como administrativa y no histórica. Se critica al gobierno de Pedro Sánchez y al ministro Fernando Grande-Marlaska por incumplir la Ley de Memoria Democrática, en particular el acceso libre y universal a estos archivos. La falta de transparencia sobre estos documentos plantea sospechas sobre intentos de ocultar responsabilidades históricas. Se insta a Marlaska a habilitar el acceso adecuado a estos archivos o a transferirlos al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca.
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