El Ayuntamiento de Madrid defiende la exclusividad de una calle cerrada vinculada al Palacio Arzobispal y la Nunciatura apostólica, destacando su carácter de «zona de seguridad». La calle fue clausurada al público en 1829 debido a los disturbios que provocaban los mendigos al reunirse para recibir pan. Desde entonces, ambas instituciones religiosas mantienen las llaves de acceso, subrayando así la importancia de la seguridad y el control del área para evitar aglomeraciones y garantizar la tranquilidad en las inmediaciones.
Este cierre histórico ha suscitado debates sobre el acceso a espacios urbanos y la gestión de áreas reservadas para instituciones de relevancia. Aunque la medida se implementó por motivos de orden social, también plantea reflexiones sobre el acceso público y la preservación del patrimonio histórico. Mientras tanto, el caso sigue siendo un ejemplo de cómo las decisiones del pasado continúan teniendo un impacto en la configuración urbana y la vida cotidiana de la ciudad.
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