La Fiscalía General de la República en México enfrenta una crisis de liderazgo e ineficacia en su labor de procuración de justicia, una situación evidenciada por la reciente salida de Alejandro Gertz Manero y el mal desempeño de la institución en los últimos años. El panorama es preocupante: investigaciones reducidas y una débil efectividad en la traducción de estas en acciones penales. Según datos del INEGI, las investigaciones federales cayeron de 98,000 en 2019 a 78,000 en 2024, y la mayoría de los casos terminan sin ejercer acción penal, con solo un 17% de las determinaciones avanzando en este sentido. A esto se suma que, de los pocos casos que sí se judicializan, un ínfimo número llega a tribunales con éxito. En 2024, se lograron sentencias condenatorias en apenas 216 de los 363 casos presentados ante un juez.

Esta ineficiencia también se ve reflejada en otros aspectos, como la dependencia de la flagrancia para judicializar casos y la falta de un plan estratégico. Existe una creciente preocupación respecto al abandono de las necesidades de las víctimas, ejemplificado por la reforma de la Ley Orgánica de la FGR que dificulta su participación en las investigaciones. Casos notables como el de Alejandra Cuevas, el General Salvador Cienfuegos o el escándalo del Rancho Izaguirre subrayan las acusaciones de un uso faccioso y deficiente de los recursos de la Fiscalía. Estas fallas en el sistema revelan una falta de voluntad política para revitalizar la procuración de justicia y el control de las instituciones delictivas, llevando a un clamor ciudadano por un compromiso más firme y profesional en las futuras designaciones de la Fiscalía.

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