La disputa entre Donald Trump y las ciudades demócratas por el control militar ha alcanzado una nueva etapa en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. La Administración Trump presentó una apelación contra un fallo judicial que prohíbe el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, argumentando que esta prohibición afecta el control presidencial y pone en peligro activos federales. Este conflicto surge tras diversos reveses legales que el Gobierno ha enfrentado en su intento de desplegar tropas en ciudades como Los Ángeles, Washington y Memphis, bajo el pretexto de combatir la violencia. Sin embargo, jueces en Portland, Chicago y California han fallado en contra de estas movilizaciones, citando violaciones a la ley Posse Comitatus y a la separación de competencias entre el Gobierno federal y los Estados.
La reacción ha sido notablemente fuerte en Illinois, donde el gobernador J.B. Pritzker ha declarado su firme oposición a la intervención militar en el Estado, calificándola de «antiamericana». A pesar de la postura conservadora del Tribunal Supremo, que históricamente ha respaldado a Trump en políticas controvertidas, las ciudades demócratas se preparan para defenderse vehementemente. El plazo para que representantes legales de Chicago presenten sus argumentos es el lunes. Mientras tanto, la Administración Trump considera invocar la ley de Insurrección como posible justificación legal para desplegar tropas en futuros conflictos urbanos, con ciudades como Baltimore y San Francisco bajo potencial consideración.
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