En las últimas dos décadas, las políticas públicas destinadas a las personas mayores han experimentado un aumento significativo del 65%, lo que refleja una respuesta gubernamental ante el envejecimiento poblacional y la creciente demanda de servicios y atenciones específicas para este grupo demográfico. Este incremento se manifiesta en áreas como la sanidad, los servicios sociales y el acondicionamiento de espacios públicos, enfocados en mejorar la calidad de vida y garantizar la inclusión de los mayores en la sociedad. Esta priorización, sin embargo, ajusta las miras del gobierno en torno a una población que incrementa en número y en importancia política debido a su creciente proporción dentro del electorado.
En contraste, las iniciativas dirigidas a la juventud apenas han crecido un 5% en el mismo periodo, una cifra que ha suscitado críticas por el aparente desbalance en la atención gubernamental hacia los distintos grupos etarios. La juventud, enfrentándose a desafíos cruciales como el acceso al empleo, la educación y la vivienda, podría estar viéndose relegada en términos de apoyo y recursos. La disparidad en el enfoque de las políticas públicas podría agravar las tensiones intergeneracionales y sugiere la necesidad de un equilibrio más equitativo que contemple la inversión en el futuro de la sociedad sin desatender el bienestar de los mayores.
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